La exigencia de garantías para los créditos avalados por el ICO es comprensible (peligra la devolución de 3.000 millones), pero aprieta al comercio.
Algunas prácticas bancarias podrían estar vulnerando el espíritu del Decreto Ley.
Estos días hemos informado sobre las dificultades que las pequeñas y medianas empresas, categoría en la que se enmarca la mayoría del comercio de electrodomésticos, están experimentando para acceder a los créditos ICO prometidos por el Gobierno, que ayuden a cubrir estas semanas de inactividad forzosa. En sentido propio no son «créditos ICO». Lo que el Gobierno ha aprobado es una línea de avales, que es lo que realmente otorga el Instituto Crédito Oficial según lo contemplado en el decreto del 17 de marzo. La dotación total prevista para avales en dicho decreto asciende a 100.000 millones. Hasta el momento se han activado dos tramos sucesivos, cada uno por 20.00 millones. Del primero, sólo la mitad para autónomos y pymes. El segundo, íntegramente para estos. Así, hasta la fecha se ha aprobado la disponibilidad de 30.000 millones de euros en avales para renovaciones y nuevos préstamos a autónomos y pymes, gestionada por el ICO a través de entidades financieras, para garantizar liquidez y cubrir necesidades de circulante, con el fin de mantener la actividad productiva y el empleo.
A diferencia de otras actuaciones similares en el pasado, el tipo de interés a aplicar queda a discreción de los bancos. Hemos mencionado una horquilla del 1 al 7% en el caso de Cataluña. Parece que la horquilla más habitual está siendo del 1,5 al 4,5%. Por otro lado, como se ha producido una sobre-demanda, se otorgan con cuentagotas. Primero, a clientes preferentes.
Después, ya se verá.
El ICO avala el 80%; y los bancos están exigiendo garantías sobre el 20% restante. Tiene también su lógica, ya que el propio comercio está trasladando a los medios (como apoyo argumental a su petición de ayudas) el peligro existente de que hasta un 40% de los establecimientos desaparezcan, cosa que aumenta la percepción de riesgo por parte de la banca. 30.000 millones de avales a pymes corresponden a créditos por 37.500 millones. El 20% no avalado monta los 7.500 millones del pico. Naturalmente, no todas las pymes son del comercio; pero, si lo fueran, y existiese riesgo de que un 40% de las empresas no levantaran cabeza al final de esta crisis, ello implicaría un riesgo de que la banca no recuperase hasta 3.000 millones de euros. De ahí que se tienten la ropa antes de otorgarlos. Pero las exigencias hacen que mucho comercio esté experimentando serias dificultades para acceder al crédito de emergencia.
Por último, hay al menos un banco, según nos cuentan, que estaría incentivando una fórmula poco elegante: invita al cliente a cancelar pólizas de crédito ya contratadas, para sustituirlas por otra nueva acogida al plan de avales del ICO. Si el crédito anterior había vencido, y se trata de una renovación, entra dentro de lo previsto por el Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias.
Si no había vencido, y se cancela anticipadamente para acogerse a este nuevo, en principio parece que se estaría vulnerando, como poco, el espíritu del RD.